LA CORRUPCION EN URUGUAY

En un año electoral la palabra corrupción es uno de los fantasmas más temidos por los partidos políticos. Con la campaña en marcha, las denuncias sobre irregularidades, maniobras o hechos ilícitos están a la orden del día. Casos de anteriores administraciones o nuevas acusaciones son intercambiadas entre el gobierno y la oposición. Y para muestra basta la lluvia de acusaciones que surgieron en los últimos tiempos.
La sobrefacturación de una empresa de limpieza en el Hospital Maciel, el caso del ex vicepresidente de ANTEL Gonzalo Perera, la venta de libros a Venezuela, los preservativos del Ministerio de Salud Pública utilizados por el Espacio 609 para hacer campaña y ahora el caso de un funcionario “trucho” de ANTEL son algunos de los tópicos que involucran al gobierno de Tabaré Vázquez. Como contra partida, desde el Frente Amplio (FA) se recuerdan casos de anteriores administraciones -la del ex presidente Luis Alberto Lacalle en particular y de aliados como el ex intendente Carmelo Vidalín- para dar cuenta de maniobras corruptas.
La oposición reclamó en varias oportunidades responsabilidad política por algunos de los casos en los cuales, a su entender, existen maniobras fraudulentas. Según publicó el diario Últimas Noticias, el presidente Tabaré Vázquez le recordó a sus ministros que se viven “tiempos electorales” en los cuales casos como el del funcionario “trucho” de ANTEL pueden responder a una búsqueda de “involucrar al gobierno” con acusaciones de “clientelismo político”. El mandatario informó en el Consejo de Ministros que llegaron otras denuncias que involucran a otras empresas públicas y alertó sobre “movidas raras”.
En tanto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Martín Dibarboure, indicó que “nunca es tarde para extremar los controles en la administración pública”. El jerarca agregó que cada oficina mantiene su realidad, por lo que los controles tienen que ser “constantes”. “Contra el fraude no se puede hacer más que denunciarlo”, concluyó Dibarboure.

LAS ACUSACIONES
FUNCIONARIO TRUCHO EN ANTEL
El último caso que salió a la luz involucra a ANTEL, que ya había sufrido el escándalo por el procesamiento del ex vicepresidente, Gonzalo Perera, por simulación de delito. Un hombre, que se hizo pasar como supuesto recomendado del prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, entró al ente sin que se realizaran mayores indagaciones. El caso sólo cobró notoriedad cuando el novel funcionario pidió un laptop para llevarse a su casa. Tenía un sueldo nominal de casi $ 21.000. Ante la información, el presidente de ANTEL, Eduardo Carvalho, presentó su renuncia. La oposición reclama responsabilidades políticas y acusa al FA de “clientelismo”.
El caso no culminó en la renuncia de Carvalho, este jueves también dejó su cargo la vicepresidenta de ANTEL, Gladys Uranga, a pedido del mandatario Vázquez.

CASO PERERA
El episodio del funcionario “trucho” no fue el único que en los últimos meses padeció la telefónica estatal. En julio de este año el vicepresidente de ANTEL fue procesado por “simulación de delito” luego que dijera que lo habían intentado matar. Perera ya había estado en el ojo de la polémica cuando denunció amenazas y contrató como guardaespaldas al novio de la boxeadora Chirs Namús.

LIMPIEZA EN EL MACIEL
Otro de los escándalos en los que se vio envuelto el gobierno en los últimos meses es el que involucra a la empresa de limpieza Grupo Arles- Clanider S.A., prestadora del servicio de limpieza del hospital Maciel. Según publicó en julio pasado el semanario Búsqueda, la empresa cobraba por más horas de las que sus empleados trabajaban. En principio se señaló a Alejandra de Melo, esposa del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro, como gerenta de la empresa.
A causa de esta denuncia fue sumariada y separada del cargo la administradora del Maciel, Lucía Zagía. A su vez se cursó una investigación interna y se realizó una auditoría por parte del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y la Justicia. La investigación realizada por el Banco de Previsión Social (BPS) concluyó que Clanider SA evadió aportes previsionales. En tanto, un adelanto de la auditoría del TCR ratificó las irregularidades. El informe señala que entre mayo de 2008 y mayo de 2009, al Hospital Maciel se le facturaron horas de trabajo correspondiente a 1.628 empleados, cuando se habían declarado 1.338, unos 290 trabajadores menos.
Por su parte, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti continúa las investigaciones en la órbita de la Justicia.

PRESERVATIVOS DEL MSP PARA LA 609
En otro ámbito, desde el Partido Colorado (PC) se estudia la posibilidad de realizar una denuncia penal contra la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, por la utilización de fondos estatales para la campaña política del FA. Todo surgió cuando la Lista 609 del candidato Mujica usó preservativos de Salud Pública que les donó una ONG para hacer campaña política.

LA RESPUESTA
El oficialismo no se quedó quieto y recordó situaciones ilícitas en administraciones pasadas. Incluso el eslogan de la fórmula frenteamplista es “un gobierno honrado” y un “país de primera”.
“A veces dan ganas de poner una ventanilla y pedirles que presenten sus proyectos de afanar al Estado. Si son proyectos solventes, pagarles las coimas directamente y pedirles que dejen sin efecto el proyecto, sería más barato”, señaló Mujica.


DENUNCIA PRESIDENCIAL
El gobierno presentó este martes en el juzgado penal de Durazno una denuncia contra el ex intendente de ese departamento Carmelo Vidalín, por presuntas irregularidades cometidas por el Comité de Emergencia Departamental en mayo de 2007 durante las inundaciones que azotaron al departamento.
En el escrito, firmado por abogados de la Presidencia de la República, el gobierno señala la desaparición de cinco casas prefabricadas donadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de lonas que donó el gobierno de Japón. También se advierte sobre otras irregularidades en el realojo de personas que perdieron sus hogares a causa de las inundaciones.
Vidalín catalogó la denuncia como una maniobra política que se hace para perjudicar al Partido Nacional en la campaña electoral.
Esta semana el flamante ministro de Industria, Raúl Sendic, salió a defender a Alur de algunas consideraciones realizadas por el Partido Nacional. El ex presidente de ANCAP recordó que cuando el legislador nacionalista Ruperto Long estaba al frente UTE en 1994 se gastó en publicidad US$5,5 millones y otros US$3,5 millones en 1995, mientras que Alur no gastó “ni el 10% de esta suma” en los últimos dos años.
Long es quien realiza la investigación por las millonarias exportaciones de libros de la empresa Apliser S.A. a Venezuela, que podrían estar vinculadas con la financiación de la campaña del FA, según publicó el semanario Búsqueda. Uno de los titulares de la firma era un primo de la senadora oficialista Lucía Topolansky. Según Long la empresa Apliser S.A. comenzó a funcionar en Uruguay en 2008 pero recién a principios de este año exportó a Venezuela por un monto tal que logró colarse entre las empresas que exportan más en Uruguay