LA CORRUPCION EN CHILE



La caracterización e identificación de los casos de corrupción es una tarea de toda la sociedad. No puede limitarse a las definiciones legales que sirven para procesar y en algunos casos, sancionar a los corruptos, pues estas situaciones son la excepción. En la realidad chilena se ha desarrollado una cultura de la corrupción, una de cuyas manifestaciones fue la llamada "ideología de la corrupción" que surgió cuando destacados líderes políticos (Schaulson del PPD, Martner del PS, y Boeninger del PDC) reconocieron que los partidos políticos de gobierno financiaban sus campañas con fondos fiscales que a través de diversos procedimientos desviaban de sus objetivos sociales para traspasarlos a las arcas partidarias o a sus bolsillos personales. Los casos más conocidos son los falsos proyectos (especialmente estudios) que son pagados como si se hubiesen realizados o triangulaciones consistentes en pagos a empresas privadas que en parte devuelven a los jerarcas de los ministerios o servicios para que se pagaran los sobresueldos o financiaran las mencionadas campañas.
 Hay varios factores que permiten que numerosos casos de corrupción queden cubiertos con un manto de opacidad que deja a los corruptos en la impunidad. Aunque advertimos que esta lista no es taxativa: Algunos de estos factores o mecanismos son:

- La complejidad de las tramas,
- El transcurso del tiempo,
- El formalismo legal, 
- La salida temporal de la escena,
- La irresponsabilidad jerárquica,
- La eliminación de testigos,
- Las maniobras de reestructuración,
- La falsificación de pruebas,
- La jurisprudencia voluble,
- La opacidad burocrática,
- La levedad de las sanciones,
- La premiación de los involucrados,
- La justificación moral,
- El acuerdo político, y,
- La legalización de la corrupción.
Estas formas de eludir la responsabilidad en los delitos de corrupción, generalmente se presentan combinadas en intrincadas relaciones y son utilizadas por la clase política en su conjunto, tanto por políticos de gobierno como de oposición, así como por la alta burocracia civil y militar;  por los directivos de la administración central y también por los de las municipalidades y empresas estatales. Estos procedimientos se han utilizado durante la dictadura militar de la derecha así como durante el gobierno democrático.
Cada uno de estos mecanismos merece un análisis detallado, pero han sido explicitados en centenares de casos investigados por jueces y por los periodistas, forman parte del léxico de la corrupción y han sido estudiados por los investigadores preocupados de la ética pública.

La complejidad de las tramas.
Los casos de corrupción, para operar exitosamente, deben ser diseñados tomando toda clase de precauciones y con un conocimiento cabal de los marcos legales e institucionales. Un ejemplo claro es la investigación del juez Cerda sobre las cuentas del Banco Riggs y el fraude al fisco de Pinochet y sus cómplices. La investigación actualmente cuenta con decenas de miles de hojas y sólo fue posible a partir de la investigación de una gran capacidad técnica (el FBI), como fue la investigación del Senado norteamericano sobre cuentas bancarias de organizaciones terroristas.
Esta complejidad es una selva intrincada que permite a los corruptos escabullirse de las responsabilidades penales y civiles de los delitos.

El transcurso del tiempo.
Derivado en gran medida de la complejidad de estos actos delictuales, otro factor es el tiempo que se consume en las investigaciones, el que tiene efectos de diverso tipo. Ejemplos de ello son la investigación que lleva a cabo la ministra Gloria Ana Chevesich sobre el MOPT que ya lleva 5 años de diligencias o el proceso por pagos excesivos de desmalezamiento de la ENAP que cumplió 14 años y  que aún quedan recursos procesales pendientes.
Estas demoras son factores que aminoran la gravedad de los hechos, pues la preocupación de la opinión pública no puede mantenerse tanto tiempo y los hechos y procesos quedan en la tenue sombra del olvido. Pero el efecto más importante y operativo es la prescripción, que es la gran puerta por donde se escabullen los corruptos. En efecto si el proceso no se inició en el momento oportuno, por el mero hecho del transcurso del tiempo, el delito queda sin efecto y no hay sanción. Un caso ilustrativo es el de Guillermo Díaz, subsecretario de Transportes, que fue recibido con aplausos en una asamblea del Partido Demócrata Cristiano, no por ser absuelto del cargo de corrupción, sino porque su proceso había quedado prescrito por el mero transcurso del tiempo, (sin embargo, la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago cambió y el proceso ahora sigue). Pero hay otros casos en los que el delincuente ha quedado libre por la puerta ancha y cómoda de la prescripción.

El formalismo legal.
 La esencia de la impunidad en los casos de corrupción es la tradición del sistema judicial chileno que sólo concibe el delito si éste está clara y precisamente definido en la ley. Por lo tanto, se dejan de lado los principios generales del derecho, la doctrina y la ética no tiene la menor cabida en esta maquinaria. Es una justicia sin ética.
El caso más destacado es la reciente aceptación del recurso de amparo de algunos familiares y secuaces de Pinochet porque el fraude al fisco sólo puede ser cometido por funcionarios públicos, si lo hace un particular, ese delito no se configura. Otro ejemplo es la condena de Ricardo Farías, asesor del senador Girardi,  por presentar facturas falsas como gasto electoral, sin que ello afecte al senador Girardi, aunque eran declaraciones de su comando electoral.

La salida temporal de la escena.
En el ámbito de la realidad política y especialmente en el escándalo que genera el acto de corrupción ante la opinión moral de la sociedad, conviene salir de la escena pública y en muchos casos, hasta implica un premio. Los operadores políticos saben que se puede lavar la imagen sacando temporalmente al afectado de la escena, especialmente si no ha habido proceso o si  se ha eludido la sanción. Caso ilustrativos es el de INVERLINK, sociedad que estafó a la CORFO en millones de dólares, cuyo presidente, Alvaro García, ex ministro (quien dice no saber lo que hacia su empresa) fue enviado como embajador a Suecia por un tiempo y ahora regresó con su nueva imagen. El ex presidente del PPD, Víctor Manuel Rebolledo, culpable en el caso coimas, sigue en su Partido, el que no lo sancionó y sigue en la política activa en su provincia, esperando a que pase el temporal moral. El ex ministro de Bienes Nacionales, Jorge Heine  que debió renunciar a su cargo por utilizar indebidamente recursos fiscales, fue designado embajador en la India. El mencionado Guillermo Díaz fue trasladado al cargo de presidente de EFE para desvincularlo de sus otras actuaciones en el MOPT.
 
La irresponsabilidad jerárquica.
Otro de los mecanismos más utilizados es eludir la responsabilidad de los actos de corrupción, traspasándola a los subalternos. La excusa habitual es que no se tenía conocimiento de los actos que realizaban sus dependientes. Esto ocurre en varios casos de los fondos fiscales para los programas de empleo que fueron utilizados en campañas electorales. Esta es la situación aparentemente de los diputados del PPD, Rodrigo González y Laura Soto, pero que también es empleada en muchos otros casos como el de Girardi del PPD, Piñera y Lily Pérez, de Renovación Nacional, que presentaron facturas falsas en sus rendiciones de cuentas al Registro Electoral.
 
La eliminación de testigos.
La forma más criminal de eludir la responsabilidad por actos de corrupción es sin duda, la eliminación de testigos o de cómplices arrepentidos. Esta situación es la del coronel Huber, quien sabía sobre el contrabando de armas a Croacia que afecta a varios generales y oficiales del Ejército. Para silenciarlo se le asesinó. Es posible que este procedimiento haya sido utilizado en el caso de la triangulación de fondos del MOPT y la Universidad de Chile a través de IDECOM  y CIADE. En este caso, uno de los implicados, Enrique Ponce León, aparece como suicidado y de otro, Daniel Figueroa, se encontró su cadáver en Pirque. Hay otros casos similares en investigación.
 
Las maniobras de reestructuración.
Otro de los procedimientos más impúdicos es la de realizar amplios programas de re-estructuración de los servicios acusados de corrupción,  para aparentar de que se está haciendo una limpieza total, aplicando leyes vigentes desde la época de la dictadura (la ley Federici, por el rector militar que la impuso). Es el caso de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, donde se exoneró a dos asistentes sociales, una secretaria de dirección de departamento grado 9º, un profesional de la planta directiva grado 5º y un encargado de cobranzas, todos  ellos funcionarios con más de 24 años de servicio, con cargos en propiedad y además, el encargado de encuestas. Ninguno de ellos tenía acceso al plano de las decisiones que se adoptaron en la triangulación de fondos (más de mil millones de pesos), que fue un acuerdo entre ministros, rector, decanos, jefes de servicio y directores de departamento y director de IDECON. Estos despidos se hicieron sin realizar ninguna investigación ni sumario administrativo, simplemente aplicando la mencionada Ley Federici. Estas exoneraciones, en algunos casos, ni siquiera consideraron la indemnización legal, la que ha sido exigida hasta por la Contraloría General de la República, obligación que hasta ahora se ha eludido.  
 
La falsificación o eliminación de pruebas.
En estos procesos es habitual presentar documentos falsos, como es el caso de las facturas mencionadas o el de Matías de la Fuente y Sergio Cortés condenados por falsificar instrumento público en el caso MOPT.
 
La jurisprudencia voluble.
En Chile, ni la jurisprudencia ni la doctrina obligan a los jueces, de manera que un juez puede resolver un caso similar a otro de manera totalmente distinta a la sentencia del primero. Esto genera confusión y facilita las presiones que puedan existir y los fallos pueden ser contradictorios.
 
La opacidad burocrática.
La Administración Pública chilena se ha caracterizado, durante décadas, por su culto del secretismo.  La burocracia se fundamenta en la jerarquía y para que ella subsista con sus privilegios y potestad para operar, requiere hacer inoperante la transparencia. A pesar de la legislación vigente y los nuevos proyectos a punto de aprobarse, todos los altos niveles burocráticos se niegan a entregar información significativa y sólo traspasan información propia de sistemas de relaciones públicas consistente en datos inocuos o vagos. Hay normas aún vigentes que obligan a los funcionarios a guardar secreto.
A pesar de que existen sentencias judiciales al respecto, los jefes de servicio no entregan información, como ocurre, por ejemplo, con el Servicio de Aduanas, el que ha sido obligado por sentencia judicial a entregar información solicitada por un empresario sobre la importación de mascarillas anti tóxicas y Aduana sigue sin entregarla. La Comisión Investigadora del Transantiago ha presentado listas de servicios, en especial del MOPT que no ha remitido la información solicitada y los parlamentarios de oposición han presentado largas listas de 45 casos en que no se entrega la información solicitada. Todo esto a pesar de existir una política pública de transparencia y de instrucciones específicas de la Presidenta para facilitar la información a los servicios públicos.
La falta de transparencia es el mejor manto para ocultar la corrupción.

La levedad de las sanciones.
Otro factor que incide en los niveles de corrupción es la levedad de las sanciones tanto sociales como penales  y administrativas.
En varios de los casos de la generalizada corrupción en el MOPT, las penas impuestas son muy reducidas, generalmente algunos días de penas remitidas, esto es, la firma periódica en algún recinto, gozando de casi plena libertad. Estas penas se establecen en virtud del mérito de "intachable conducta anterior" otra variante es la libertad vigilada, así por ejemplo el ex ministro de obras públicas Carlos Cruz fue condenado a 4 años de libertad vigilada, pero la corte superior se la rebajó a 61 días.
En otros casos, las normas establecen que en los sumarios administrativos, la Contraloría puede proponer sanciones, pero su ejecución queda a la discrecionalidad del jefe administrativo superior, así por ejemplo Germán Molina, ex ministro, que había firmado asistencia a reuniones pagadas que no se realizaron, fue sancionado por la Contraloría, pero el Ministro respectivo (de su mismo partido) dejó pasar los plazos y no hubo sanción y Molina fue promovido el Consejo de Administración de EFE y de otras empresas. Además es asesor en ética de la directiva del PPD.

La premiación de los involucrados.
Parece increíble reconocer que muchos de los personeros involucrados de una u otra forma en actos de corrupción son premiados por sus partidos o por las autoridades políticas, así ocurre con algunos que ya se mencionó, al ser nombrados embajadores o presidentes de empresas del Estado. Otros, son nombrados en comisiones especiales de probidad como los casos de García y Molina que son asesores en probidad de la directiva del PPD y Jorge Heine que era presidente del tribunal ético de ese mismo partido. El senador Girardi, que se ha visto envuelto en varios casos de corrupción, fue reincorporado a la directiva del PPD y hasta fue en misión oficial a saludar al Papa a Roma. Olivia Recal, propietaria de la empresa involucrada en la triangulación de fondos IDECON-CIADE-MOPT, fue nombrada Subsecretaria de Hacienda y dirige una comisión de Probidad.

La justificación moral.
La corrupción es una ideología tan fuerte que hasta pretende encontrar justificaciones morales, las que si bien no se expresan públicamente, existen a sotto voce. Así es evidente que los partidos de gobierno justifican la corrupción como el único medio de obtener fondos para sus campañas electorales mientras que los partidos de derecha tienen aseguradas una inmensa cuantía de recursos por parte de los empresarios. De esta manera se llega  a sostener la paradoja de que la corrupción es la única garantía para mantener la actual democracia.
Otra justificación muy empleada fue la teoría del gerente público, en virtud de la cual se sostenía que los directivos públicos debían ser muy bien pagados para que fueran eficientes. El Ministro de Hacienda lo ilustraba con la frase de que si se paga con maní sólo se puede contratar monos, frase que se la había copiado a un ministro de Singapur. En el fondo se justificaban los sobresueldos, honorarios e indemnizaciones a todo evento a políticos designados en altos cargos públicos.
Al mismo tiempo, los políticos de gobierno justifican la corrupción argumentando con hechos, que durante la dictadura, cuando había un poder absoluto, la corrupción era también absoluta, como lo demuestra el caso de Pinochet y sus cúpulas políticas y empresariales que se enriquecieron indebidamente. Se trataba         del primer caso de un mandatario corrupto en toda la historia de Chile.
A su vez, los de oposición, argumentando con hechos, muestran la corrupción actual y la atribuyen al sistema partidario y la ausencia de valores.
Estas falsas explicaciones no justifican ni lo uno ni lo otro. El empate en casos de corrupción no libera ni a los políticos de gobierno ni a los partidarios de la dictadura que constituyen la actual oposición de derecha de sus respectivas responsabilidades. La corrupción no tiene justificación en ningún caso.

El acuerdo político.
A pesar de las apariencias, la violencia de la derecha para combatir la corrupción es mucho menor a la aparente. En realidad no cumple el rol fiscalizador que le corresponde a una oposición. Lo que parece inexplicable, pero tiene sus fundamentos en que los sobresueldos, las indemnizaciones a todo evento y otras formas de corrupción, son engendros creados durante la dictadura de la derecha y que siguieron aplicándose durante la democracia. Además la derecha está interesada en preservar la imagen de un Chile honesto, imprescindible para los negocios internacionales que son su campo de acción predilecto, por lo tanto, está también interesada en ocultar la corrupción ante los ojos del mundo. Esta coincidencia entre gobierno y oposición es lo que permite que la calificación de Chile como país probo en los índices de Transparencia Internacional sea tan positiva porque tanto gobierno como oposición ocultan los casos de corrupción.
 
La legalización de la corrupción.
La prueba más fehaciente de la coincidencia oposición-gobierno en el tema de la corrupción fue el acuerdo Lagos-Longueira, que legalizó los actos corruptos. Según la ley, los sobresueldos (principal expresión de la corrupción) pasaron a ser legales. Es decir, una costumbre corrupta, fue purificada por la santificación legal aprobada por todo el sistema político, incluyendo gobierno y oposición. Además, el Director de Impuestos Internos, colocó la guinda de la torta, al declarar que esos sobresueldos no eran tributables, lo que significa un ingreso neto adicional para los altos directivos.
 
Conclusiones.
Mientras que  América Latina es un lodazal de corrupción, Chile aparenta ser un islote de probidad. Este panorama es puede ser cierto en alguna medida,  pero a la vez ocurre que mientras en los otros países, la mayor expresión de corrupción es la coima generalizada, en Chile la coima es excepcional, como lo prueba el reciente Barómetro de Valores y Ética Empresarial 2007   aplicada a casi 7000 empleados y gerentes. En esta encuesta el 91% declara  no haber visto nunca repartición de coimas y  el 8% considera que es "a veces" y sólo el 1% cree que es habitual. En cambio en otros países de la región la coima es un hábito generalizado en muchos niveles, mientras que el fraude de fondos fiscales realizado por los burócratas y políticos que ejercen poder, requisito para tomar decisiones que implican el fraude, es la característica esencial de la corrupción en el caso chileno...
Sin embargo, lo preocupante es que la corrupción existe en Chile y asume características mucho más intrincadas y complejas, como las que se describen en esta nota. La superación de esta situación no es la tarea meramente técnica de la Contraloría y otras instituciones, es la difusión de los principios éticos en los partidos políticos y en la participación de la sociedad civil, que por ahora es casi inexistente. Actualmente los medios de comunicación y algunos periodistas son los que han jugado el rol más importante en la lucha en contra de la corrupción.
 El ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, ante el llamado de atención de la OECD porque Chile no cumple con las obligaciones para evitar la corrupción, manifestó su total rechazo declarando: "no estoy de acuerdo con eso y  estamos sorprendido con lo que dice la OECD", con lo que ratifica la creencia gubernamental de que la negación de la realidad  hace que ésta sea distinta y desconoce la trascendencia de las leyes de probidad y transparencia que actualmente se discuten en el Parlamento a iniciativa conjunta del gobierno y de la oposición.

NOTA: El significado de las siglas y nombres utilizadas es el siguiente:
PPD: Partido Por la Democracia, partido socialdemócrata en el gobierno.
PS: Partido Socialista, partido socialdemócrata en el gobierno.
PDC: Partido Demócrata Cristiano, partido socialcristiano en el gobierno.
RN: Renovación Nacional, Partido neoliberal de derecha en la oposición

CORFO: Corporación de Fomento de la Producción. (holding de empresas pública)

IDECOM: Instituto de Economía de la Universidad de Chile
CIADE: Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo de la Empresa de la Universidad de Chile.
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
EFE: Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Longueira, Pablo, líder de la oposición de derecha
Lagos, Ricardo, ex presidente de Chile
Pinochet,  Augusto, ex dictador de Chile.