Hace unos días nuestro presidente acaba de indicar en un programa de radio en Lauca Ñ, Chapare, que el origen de la corrupción actual en YPFB está en la infiltración de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU.) en esta empresa estatal. Para sustentar esta afirmación, nuestro presidente apunta al ex director de comercialización de esta empresa, anteriormente vinculado laboralmente con alguna agencia del gobierno norteamericano, como el principal responsable de un complot extranjero.
En asuntos complejos y secretos como los de corrupción es difícil descartar cualquier posibilidad de explicación. Sin embargo creo que deslindar responsabilidades a la alta burocracia estatal y nuevamente echar la culpa de nuestros males a actores externos, concretamente al imperialismo norteamericano, es una actitud fácil y cómoda, que más que ayudar a aclarar este asunto, lo confunde. Al mismo tiempo me pregunto si la interpretación conspirativa de nuestro presidente es nomás expresión del locus de enunciación de su discurso: el Chapare, región que en las últimas décadas ha sufrido los embates de la política antidroga del gobierno norteamericano.
Al margen de esta interpretación conspirativa del tema, creo que es importante recuperar el espíritu de la preocupación del presidente: ¿donde está el origen de la corrupción en Bolivia? Soy consciente que una columna como esta no es el lugar apropiado para intentar responder una pregunta de tal magnitud, pero me gustaría compartir algunas apostillas al respecto.
Para comprender el tema de la corrupción en Bolivia es importante mirar a la historia larga y corta de nuestro país. Aquí brevemente me refiero a dos aspectos de la persistencia de la memoria larga que parecen estar imbricados con el problema actual de la corrupción. Ciertamente como sugiere el presidente en un sentido más estricto refiriéndose solamente al imperialismo norteamericano, una posible causa proviene de nuestra herencia colonial, herencia que a pesar de la distancia en el tiempo, todavía persiste en un conjunto de prácticas sociales, una de las cuales es lo que actualmente denominamos corrupción. En las sociedades coloniales no sólo de América Latina, sino también del África y el Asia, los puestos públicos eran vistos como propiedad privada, como una inversión o contrato exclusivo de la que el funcionario público (más propiamente un empresario político) esperaba recibir buenas ganancias. Por su orientación para el beneficio privado, los cargos públicos eran objeto de herencia y de venta. En España era común por ejemplo la práctica de venta de ciertos puestos coloniales en pujas abiertas. Esta visión del cargo público fue impuesta en las sociedades coloniales, y era también moneda común en las sociedades occidentales de Europa, inclusive hasta inicios del siglo XX. Me pregunto, y creo que esto debería ser objeto de investigación minuciosa por parte de historiadores, juristas y científicos sociales, hasta qué punto el inconsciente del funcionario público boliviano contemporáneo reproduce el arquetipo de la función pública como beneficio privado.
Sin embargo, para comprender las raíces largas de este problema, es también importante no sólo mirar fuera sino también dentro. Y al respecto es legítimo preguntarse sobre el rol de las normas sociales y culturales heredadas de nuestra tradición ancestral originaria que influyen las prácticas de la corrupción. Por ejemplo los lazos de solidaridad persistentes en nuestras comunidades locales en muchos casos contribuyen a la impunidad en caso de delitos. En estos casos, la solidaridad es un eufemismo para designar el control social que ejerce la comunidad sobre las personas y se abstengan de denunciar a un pariente, vecino o amigo involucrado en actos de corrupción u otros. Este tipo de “solidaridad impuesta” muy extendida a nivel cotidiano, parece estar mucho más elaborada a nivel de las burocracias estatales, la cual otra vez debe ser objeto de indagación sistemática. Aunque ambos mundos están cruzados por conflictos y competencias, en ambos parece existir un pacto de protección de la injerencia externa, sobre todo en casos de corrupción y otros delitos. Otra lógica comunal que parece influir en la práctica de la corrupción es la redistribución de la riqueza. Una característica central de la actual burocracia estatal boliviana es la relativa inclusión de gente históricamente excluida de la administración de la cosa pública. Debido a esta deuda histórica los funcionarios del gobierno actual, y este podría ser el caso de Santos Ramírez, son objeto de una fuerte presión social para acumular riqueza en su rol de funcionarios y redistribuirla entre su red de parientes y amigos. De no hacerlo estos pueden ser objeto de reproche o burla por no haber aprovechado de una oportunidad que tal vez nunca se repita.
En situaciones delicadas como el tema de la corrupción, que nos cuestiona hondamente sobre los alcances de la propuesta de cambio que el gobierno dice encarnar, es importante ir más allá de la teoría de la conspiración extranjera como causa única y explorar otras venas de interpretación.
